Estamos en el sexto mes del año y todavía no se sabe si habrá o no convocatoria para los concursos de cine en el 2013. Es un nuevo record impuesto por las autoridades del Ministerio de Cultura, que aun cuando lograrán sacar en estos días el anunciado cronograma y bases de los concursos, ya habrán perdido inexorablemente la mitad del año para su ejecución.  

Las explicaciones dadas por la Dirección de Industrias Culturales en su comunicado del 24 de Mayo ante el reclamo de la comunidad cinematográfica, no aclara nada y solo refleja espíritu burocrático y falta de decisión de los funcionarios, ya que en esta oportunidad ni siquiera puede argüirse impedimentos legales, en la medida que la Ley 29919 aprobada el año pasado, y que modifica los artículos referente a los concursos, simplificó los procesos y decisiones para ser ejecutadas por el Ministerio de Cultura, si se tiene la voluntad para llevarlas a cabo. Sin embargo, y habiendo transcurrido más de nueve meses de la promulgación de esta ley, el Ministerio no ha cumplido con aprobar las “Disposiciones Complementarias” necesarias para que se pueda aplicar, y que tienen que ver con temas tan importantes y delicados como los requisitos para postular a los concursos, la conformación y formas de elección de los Jurados nacionales e internacionales, con representación de todos los gremios y sectores, y los requerimientos que el Ministerio establecerá para fiscalizar y garantizar la culminación de los proyectos premiados. Y lo más grave es que ni en su presentación del 30 de abril, ni en el reciente comunicado, la DIC hace referencia a estas “Disposiciones Complementarias” lo que hace pensar que no habría prioridad para su aprobación, significando, de ser el caso, una grave omisión que podría inhabilitar cualquier posible concurso en el futuro.

Lo único concreto es que pese a que la nueva Ley ratifica expresamente que el presupuesto para los concursos no puede ser menor a los 2008 UIT, se ha vuelto a depender de la supuesta “buena voluntad” de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas en la habilitación de la disponibilidad presupuestaria para la ejecución de los concursos del 2013, lo que conociendo el poco intereses del tema en el gobierno y el MEF, hace temer lo peor para el futuro.

La responsabilidad por estos graves hechos e incumplimiento de la Ley no le compete exclusivamente al encargado Director General de Industrias Culturales y Artes, Felix Lossio, y a la Dirección de Industrias Culturales, sino alcanza al propio Ministro de Cultura, y en especial a su especial a su Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Rafael Varón,   por cuanto es el funcionario, según el ROF del Ministerio, responsable de “aprobar el plan anual de actividades y concursos de proyectos y obras cinematográficas”.

Después de tanto tiempo transcurrido y tan poco conocido, demandamos en primer lugar transparencia y acceso a la información de la institución que rige la cultura peruana, así como participación de los gremios en los temas que nos atañen, aplicándose el principio de la “consulta previa” señalada en los propios lineamientos de Política Cultural del Ministerio para buscar soluciones de consenso. Para empezar, que se ponga en conocimiento de los gremios de cine el borrador de las “Disposiciones Complementarias”, así como de los tipos de concursos a realizarse y las bases que los regirán, para evitar los reclamos a posteriori que cuestionen su validez. Esto no se encuentra supeditado a ningún presupuesto, solo es cuestión de voluntad y vocación democrática por parte de las autoridades. Asimismo, que se “sinceren” de una vez en el Ministerio de Cultura si se va a apoyar o no la propuesta de una nueva Ley de Cine como la que se elaboró el año pasado en el Grupo de Trabajo, y de ser positiva la respuesta, que se presente por fin el texto definitivo del proyecto revisado, volviéndose a convocar a todos los gremios para su conocimiento, debate y eventual traslado al Legislativo para su aprobación.

A pesar de los discursos, este gobierno, y el Ministerio de Cultura en particular, no practica una gestión inclusiva y que abarque a todos los sectores por igual, aumentado el centralismo y la marginación de las regiones, lo que también afecta a otros sectores olvidados del arte y la cultura, incluyendo al patrimonial, cuya protección parece importar ahora menos que las inversiones.

Es necesario y URGENTE, que los cineastas y sectores de la cultura realmente comprometidos en todo el país, nos unamos para defender nuestros derechos e intereses, porque el Estado, esta visto, no hará gran cosa para cautelarlo y promoverlo para todos los peruanos.

Junta Directiva

Asociación de Cineastas Regionales e Independientes del Perú - ACRIP